México, su frágil cadena de suministro y cómo protegerla

La particular estructura económica de México lo hace susceptible al impacto del COVID-19

(Este artículo fue cubierto por Jeannete Leyva en El Financiero)

De acuerdo con el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son alrededor de 95% del total de las empresas en México, y aportan más del 70% del empleo formal y casi el 50% del PIB del país.

La mayoría de ellas operan con márgenes pequeños, y casi ninguna de ellas tiene alguna reserva de capital para hacer frente a imprevistos como el que vivimos actualmente. Al mismo tiempo, la posibilidad que tienen de solicitar capital de trabajo mediante financiamiento es muy limitada, ya que 77% de las empresas no tienen acceso a crédito comercial. A la mayoría de los bancos simplemente no les interesa, y en lugar de prestar a las PyMES, prefieren concentrar sus créditos en empresas más grandes.

Adicionalmente, la velocidad con la que esta contingencia se ha desarrollado ha dejado a todos sin tiempo de respuesta o preparación.  Nadie pudo haber anticipado una crisis de tal magnitud, dejando a la economía mexicana en una posición tan frágil


El Banco Interamericano de Desarrollo responde

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) respondió rápidamente al anunciar un programa de inyección de capital a la economía. La herramienta que usarán para tal fin es el Factoraje Financiero Inverso. Este mecanismo permite a los proveedores “vender” sus cuentas por cobrar, a una cierta tasa de descuento, a una empresa de factoraje, a cambio de poder disponer del dinero en ese momento. Entonces, cuando llega la fecha de pago de la factura, el cliente dirige el pago a la empresa de factoraje, en lugar del proveedor.

Todos ganan: El proveedor dispone del dinero y el capital que necesita para pagar gastos fijos como nóminas, renta o materias primas, y puede continuar con la operación de su negocio. La empresa de factoraje recibe una tasa de interés sobre el préstamo, y el cliente tiene una cadena de suministro sana. Dado que el préstamo está respaldado con la factura y el derecho de cobro de ésta, es una inversión hasta cierto punto segura.

En el programa anunciado, el BID actúa como inversionista, ofreciendo capital a tasas de interés muy bajas, al Consejo Mexicano de Negocios (CMN), un consorcio que cuenta con 50 de las empresas más grandes a nivel nacional, por lo que el programa va dirigido a los proveedores de estas grandes empresas.

Esta iniciativa y la forma en que se está llevando a cabo, sin duda ayudará a los proveedores del CMN. Desafortunadamente, el corto alcance de este programa sigue dejando a la mayoría de la economía sin ayuda.  La iniciativa se centrará en la Ciudad de México y alrededores, pero qué pasa con otras economías locales o estatales y la parte del ecosistema que no forma parte del club? Ya están luchando para competir con empresas más grandes y mejor capitalizadas.  Sin duda veremos un periodo de escasez económica donde sólo las grandes empresas tienen acceso a capital barato, mientras que las PyMES se mueren de hambre.


Los gobiernos estatales y locales necesitan ayudarse a sí mismos

Los Gobiernos estatales y municipales, además de las diversas organizaciones empresariales, ya saben que habrá poca ayuda desde la Ciudad de México. Si quieren proteger su economía, tendrán que hacerlo ellos mismos. Ambos sectores, público y privado, están trabajando en identificar e implementar medidas para poder ofrecer un salvavidas a sus economías.


El obvio, pero defectuoso enfoque – Préstamos a fondo perdido

Varios estados están discutiendo programas de apoyo basados en préstamos a fondo perdido a las PyMES para mantenerlas a flote. Es una tarea admirable, pero difícilmente tendrá el efecto que se pretende por varias razones. Primero, los sistemas y procesos para administrar de manera eficiente este tipo de programa son difíciles de implementar, dada la naturaleza del préstamo, asegurándose que llegue a quien más lo necesita. Segundo, no es sostenible, ya que no hay suficiente dinero disponible para generar el impacto deseado y mantener a flote a todas las empresas.


¿Una mejor alternativa? Desbloquear la capacidad del sector privado para proveer liquidez

En lugar de un programa de asistencia directa 1-a-1, el sector público puede proveer una combinación entre garantías parciales sobre préstamos, y co-inversión, para poder así animar a los inversionistas privados para inyectar liquidez en forma de factoraje inverso.


Esto permite a los fondos públicos actuar como un multiplicador

Por cada 20 pesos que el sector público fondee, los inversionistas del sector privado podrían fondear 80 pesos. Este factor exponencial podrá permitir a los fondos públicos llegar mucho más allá de la capacidad de fondeo directo 1-a-1, además de construir un ecosistema empresarial sano, que continuaría operando aun cuando los fondos del gobierno se hayan agotado.


No hay tiempo para crear una nueva infraestructura y procesos para dar asistencia

Las plataformas de factoraje ya existen el día de hoy, y cuentan con procesos automatizados (Divulgación: mi fondo es una de ellas). Es un negocio donde al menos intervienen tres participantes (proveedor, comprador e inversionista), análisis de riesgo, contratos, métodos de revisión, validación y aprobación de facturas, procesamiento de pagos, reportes, y sistemas auditables que necesitan estar en funcionamiento 24/7. 

Con esta crisis económica, el tiempo es un factor crítico. El querer construir desde cero nuevos sistemas o procesos nos aleja cada vez más. En lugar de eso, los fondos y el capital pueden ser distribuidos usando sistemas que ya están en funcionamiento en el mercado, y que han sido probados y puestos a trabajar desde hace tiempo.  Además de estimular la economía en general, el ecosistema de los FinTechs, crítico para la transformación a largo plazo y la salud de la economía, se fortalecería. 


Que el Gobierno distribuya los préstamos directamente puede causar más problemas que soluciones

El Sector público no tiene la experiencia necesaria para determinar riesgos crediticios. Si se pusiera en marcha un programa de tal magnitud, es obvio que no todas las empresas podrían pagar los préstamos. Qué pasará cuando el 40% o más de los créditos entren en impago? El trabajar con plataformas e instituciones ya existentes puede ayudar al sector público a utilizar herramientas y habilidades ya desarrolladas para una correcta administración del riesgo. Todo esto minimizaría los problemas de impago que sólo agravarían la crisis en un futuro.


¿Qu
é pasa cuando el dinero se acaba?

Eventualmente los recursos públicos se acabarán, y aunque pudieran haber ayudado en el corto plazo, no se atacó el problema central, e incluso se pudo haber creado una dependencia peligrosa hacia los recursos públicos. Si, en lugar de eso, el sector privado se compromete a invertir, con tasas y rendimientos razonables a cambio, el sector público puede reducir el uso de esos recursos, permitiendo que, aunque las tasas sean marginalmente más altas, una gran cantidad de recursos provenientes de inversionistas se usaría en su lugar.


Resumen

La crisis económica actual es severa, y sin acciones decisivas del sector público para limitar el daño, los efectos negativos se aceleran rápidamente, y la economía tardará más años en recuperarse. Las medidas quizás vengan tarde, y no en la medida en que puedan ayudar a equilibrar el daño ya hecho.

En su mayor parte, el capital de inversionistas no ha desaparecido, simplemente está guardado bajo llave por miedo a lo que pueda suceder. Si el sector público pudiera reducir ese miedo a través de garantías parciales y co-inversiones, el sector privado podría hacer lo que hace mejor, y mantener la economía en movimiento.